Caso Guepardo: 122 personas habrían sido estafadas por red criminal que opera en el país
El Ministerio Público está solicitando conocer medida de coerción en contra de Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, sindicadas de estafa electrónica y lavado de activos en la denominada Operación Guepardo.
El Ministerio Público está solicitando conocer medida de coerción en contra de Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, sindicadas de estafa electrónica y lavado de activos en la denominada Operación Guepardo.
De este caso, 122 personas físicas actúan como víctimas y otra es el Estado dominicano, referentes a los presuntos actos de estafa que habrían sido cometidos por medio de las compañías Novasco Real Estate, RR Marketing Group, Rodeca Marketing Group y RE/MAX One.
Según la pluralidad de los hechos, el órgano persecutor investiga varios hechos y tipos penales, que afectan directamente al patrimonio particular, la seguridad jurídica y del Estado. Añaden que identificaron a una red criminal que opera desde la República Dominicana, afectando tanto a dominicanos y extranjeros en Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.
La pluralidad de víctimas e imputados les lleva a arrojar con una estructura criminal que se dedica al lavado de dinero obtenido por la criminalidad organizada y colocado en el sistema financiero dominicano, en un amplio y complejo sistema de blanqueo de capitales, a través de la adquisición de bienes muebles e inmuebles, conformación y constitución de compañías.
Dicen que estas incurrieron en la criminalidad organizada por cuestiones relevantes como la actuación de cinco o más personas, además de hechos delictivos de la razón social con permanencia en el tiempo.
Seguido de estar diseñados con base en estructura claramente definida, utilizando los avances tecnológicos y la vinculación con organizaciones nacionales e internacionales, haciendo un “uso excesivo” de la violencia como es amenazar e intimidar para evitar que sus operaciones sean paralizadas, intervenidas o afectadas.¨*
Por esto, están solicitando a la Oficina Judicial de Atención Permanente de La Romana que se declare la complejidad del presente proceso, de acuerdo con la pluralidad de víctimas, imputados y ser una de las modalidades del crimen organizado.
Además, que una vez conocida se imponga a las imputadas la prisión preventiva por un período de un año y ocho meses a ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Mujeres, San Cristóbal.
En tanto que se autorice a las Cámaras de Comercio y Producción de La Altagracia y de Santo Domingo, el cierre temporal de las empresas Novasco Real Estate y RR Marketing Group.
