¿Protección al paciente o presión al médico? La reforma penal que divide al sector salud
El Dr. Severo Mercedes
Especialistas en medicina y derecho médico analizan los alcances de la reforma del Código Penal y advierten sobre sus posibles efectos en el ejercicio profesional, la responsabilidad penal y la atención a los pacientes.
SANTO DOMINGO, RD.- La aprobación de la reforma del Código Penal dominicano ha reactivado una discusión que preocupa a médicos, juristas y diversos sectores de la sociedad: hasta dónde deben llegar las responsabilidades penales de los profesionales de la salud y cómo evitar que el temor a sanciones afecte la atención de los pacientes.
El tema fue abordado por el cirujano plástico Severo Mercedes y el abogado especialista en Derecho Médico Pedro Jiménez, quienes analizaron los alcances de la nueva legislación durante una entrevista en el programa Hablando de Salud, transmitido por El Nuevo Diario TV.
Aunque ambos coincidieron en la necesidad de modernizar una legislación que data de 1884, sus reflexiones pusieron sobre la mesa las inquietudes que genera la incorporación de nuevas disposiciones relacionadas con la responsabilidad profesional en el ámbito sanitario.
Una reforma necesaria, pero con preocupaciones
Para el doctor Severo Mercedes, la actualización del Código Penal responde a una realidad ineludible: la sociedad dominicana ha cambiado radicalmente desde la promulgación de la legislación vigente.
Los avances tecnológicos, el desarrollo de la inteligencia artificial, la expansión de las redes sociales y la aparición de nuevas formas de interacción social exigen un marco jurídico adaptado a los tiempos actuales.
Sin embargo, el especialista considera que algunas de las disposiciones incorporadas en la reforma podrían generar preocupación entre los profesionales de la salud.
Según explicó, el nuevo texto contempla sanciones más severas en casos relacionados con imprudencia, negligencia o incumplimiento de protocolos médicos, una situación que, a su juicio, podría incentivar la denominada “medicina defensiva”, práctica en la que los médicos priorizan protegerse legalmente antes que asumir determinadas decisiones clínicas de manera inmediata.
“Los médicos venimos ejerciendo nuestra profesión con mucho temor y estas modificaciones podrían aumentar ese nivel de preocupación, afectando la capacidad de actuar con rapidez en beneficio de los pacientes”, afirmó Mercedes.
La preocupación no es exclusiva de los cirujanos. Diversos gremios médicos han expresado reservas respecto al impacto que podrían tener estas disposiciones sobre la toma de decisiones clínicas, especialmente en escenarios de emergencia donde cada minuto puede ser determinante.
¿Qué cambia realmente con la reforma?
Frente a estas inquietudes, el abogado y máster en Derecho Médico, Pedro Jiménez, considera que parte de la preocupación surge de interpretaciones incompletas del alcance de la reforma.
Jiménez explicó que la responsabilidad penal derivada de actuaciones negligentes ya existía en la legislación dominicana mucho antes de la aprobación del nuevo Código Penal.
“Las disposiciones que regulan la responsabilidad derivada de actuaciones negligentes ya estaban contempladas en el Código Penal anterior, específicamente en los artículos 319 y 320. Lo que corresponde ahora es comprender las actualizaciones y adecuaciones introducidas por la nueva legislación”, sostuvo.
El jurista explicó que el nuevo marco legal no crea de forma automática nuevos delitos contra los médicos, sino que actualiza figuras jurídicas ya existentes y las adapta a los principios modernos del derecho penal.
A su juicio, el debate debe centrarse en la correcta interpretación de la norma y no en percepciones que puedan generar alarma innecesaria dentro del sector salud.
La polémica de los certificados médicos
Uno de los puntos abordados durante la entrevista fue la expedición de certificados médicos sin una evaluación previa del paciente, una práctica que en ocasiones ha sido objeto de cuestionamientos.
Jiménez recordó que este tipo de conductas ya eran consideradas irregulares incluso antes de la reforma.
“La ilegalidad no puede crear legalidad. El hecho de que una práctica se realizara con frecuencia no significa que estuviera permitida por la ley”, enfatizó.
Según explicó, la reforma busca fortalecer los mecanismos de control y garantizar que los documentos médicos emitidos cuenten con el debido respaldo profesional y ético.
Responsabilidad individual y garantías jurídicas
El especialista en Derecho Médico destacó que uno de los aspectos más relevantes del nuevo Código Penal es la reafirmación del principio de responsabilidad personal.
Esto significa que ninguna persona puede ser sancionada penalmente sin que exista evidencia suficiente de una conducta típica, antijurídica y culpable derivada de una acción u omisión comprobable.
De acuerdo con Jiménez, este principio constituye una garantía fundamental para todos los ciudadanos, incluidos los profesionales de la salud.
“La legislación no está orientada a perseguir indiscriminadamente a los médicos, sino a establecer responsabilidades cuando existan elementos suficientes que acrediten la comisión de un hecho punible”, explicó.
Entre la protección del paciente y la seguridad del médico
El debate sobre la reforma del Código Penal refleja una tensión presente en numerosos sistemas sanitarios alrededor del mundo: encontrar el equilibrio entre la protección de los derechos de los pacientes y la seguridad jurídica de quienes ejercen la medicina.
Mientras algunos sectores consideran que el endurecimiento de las sanciones fortalece la rendición de cuentas y la calidad de los servicios de salud, otros advierten que el exceso de presión legal podría afectar la práctica médica cotidiana y aumentar la llamada medicina defensiva.
Lo cierto es que la discusión apenas comienza y continuará ocupando un espacio central en el diálogo entre legisladores, médicos, abogados y autoridades sanitarias.
Por ahora, especialistas coinciden en un punto: la correcta aplicación de la nueva legislación dependerá no solo de lo que establece el texto legal, sino también de cómo sea interpretado por los tribunales y comprendido por quienes tienen la responsabilidad de ejercer la medicina en el país.
