Parques nacionales y áreas protegidas
Santo Domingo, RD
Antes de cualquier consideración sobre la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que involucra parte de los terrenos del Parque Nacional Jaragua, hacemos esta precisión: No rechazamos de manera radical que se intervengan nuestras áreas protegidas, y menos en los casos en que se cumplen estrictamente los requerimientos de un aprovechamiento medioambiental sostenible.
Inclusive, con igual visión equidistante de posiciones obtusas hemos participado en debates sobre la posible explotación minera, siempre que se verifique de manera responsable y en armonía con el medio ambiente y los recursos naturales.
Hecha la aclaración, reivindicamos una posición de principio en defensa de nuestros recursos naturales y de todas las áreas protegidas, para que queden excluidas de cualquier acuerdo o intención de explotación que afecte su biodiversidad.
Los concebimos como recursos forestales que contribuyen a la seguridad alimentaria, a la producción del agua y de aire limpio, así como también a la protección del suelo y a la generación de energía eléctrica y empleo.
También los vemos como espacios públicos para el disfrute de la ciudadanía que no pueden ser privatizados porque nos pertenecen a todos.
La actual litis con el Parque Nacional Jaragua, enclavado en una de las zonas más pobres del país pero de enorme potencial turístico, no la abordamos como una cuestión aislada ni al margen de lo más importante que es proteger el medio ambiente.
Por eso no podemos estar de acuerdo con que se mutilen extensiones de terreno que constituyen un recurso de enorme valía, porque se trata de ecosistemas de reserva forestal y resguardo de fauna endémica.
Creemos en que las leyes están hechas para ser respetadas, y más en la cuestión que nos ocupa porque la protección del Parque Nacional Jaragua tiene rango constitucional, por lo que ningún tribunal, de la categoría que fuere, puede abordarla como una simple legislación.
Estas áreas son precisamente superficies destinadas a recibir un cuido especial del Estado para su preservación. Ya hemos asistido a demasiadas maniobras corruptas que han pretendido apropiarse de esos recursos para ponerlos en manos de intereses privados.
El Parque Nacional Jaragua no puede ser depredado. Es un patrimonio de todos.